Acusan al presidente asesinado de Haití de desfalcar un cuarto del PBI nacional

Jovenel Moise y representantes de las transnacionales aprovecharon las ayudas económicas por el terremoto para apropiarse de tierras tierras cultivables y desarrollar un mega proyecto de cambur orgánico.

Moise y su esposa fueron asesinados a tiros en su residencia por un grupo comando. Uno de los hijos del presidente fue testigo del ataque pero resultó ileso. El primer ministro interino, Claude Joseph, declaró estado de sitio. Las Fuerzas Armadas se desplegaron por todo el país e instauraron tribunales militares.

El mandato de Moise fue socialmente turbulento debido a las acusaciones de corrupción, la crisis económica, la inseguridad y la violencia. Desde el 2019 las protestas habían sacudido la capital del país y las principales ciudades. Miles pedían su dimisión.

El presidente asesinado llegó al poder el 07FEB2017. Tenía desde 2013 acusaciones por sospechas de lavado de dinero. Según la oposición hizo del país su feudo personal: acaparó tierras y estableció alianzas económicas con los capitales trasnacionales.

En ENE2020, disolvió el Parlamento y desde entonces gobernó por decreto.
Recordemos que la crisis contemporánea de Haití empezó en la década de los 90 producto de la caída en los aranceles a la importación de arroz (de 35% a 3%). Como resultado, pasó de ser prácticamente autosuficiente en la producción del elemento principal de su dieta nacional a importarlo masivamente.
Aunado a eso, las políticas de los gobiernos locales tras el devastador terremoto de ENE2010 inició el proyecto de agricultura transnacional. A partir de allí las comunidades campesinas han sufrido el despojo de sus tierras por parte de latifundistas locales, empresas extranjeras y bandas armadas.

De hecho, el presidente asesinado era dueño de Agritrans S.A, empresa líder del proyecto “Nourribio” que pretendía la producción intensiva de cambures destinados principalmente a la exportación. La tierra para su implantación fue expropiada a 3 mil campesinos. Además se decretó como zona franca, quedando exonerada de impuestos.

Las promesas de empleo no fueron cumplidas: serían miles y apenas fueron 200. «Agritrans es un enorme latifundio baldío, rodeado de multitudes campesinas que no pueden acceder siquiera a un metro de tierra», aseguró Lautaro Rivara, periodista local.

Dice que el presidente asesinado participó en uno de los mayores desfalcos de fondos públicos de la historia del país por un valor equivalente a un cuarto del PBI nacional (según investigación del Senado y del Tribunal Superior de Cuentas).

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